Sudáfrica contra Israel (Convención sobre Genocidio)

caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia desde 2023

El proceso iniciado por Sudáfrica contra el Estado de Israel el 29 de diciembre de 2023, conocido oficialmente como Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel), se refiere a presuntas violaciones por parte de Israel de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y el derecho internacional en relación con los palestinos en la Franja de Gaza. La presentación de Sudáfrica sitúa los cargos en lo que describe como «el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante sus setenta y cinco años de apartheid, sus cincuenta y seis años de ocupación beligerante del territorio palestino y su bloqueo de Gaza de dieciséis años».[1][2]​ Sudáfrica ha solicitado que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dicte medidas provisionales de protección.[3][4]

Sudáfrica contra Israel (Convención sobre Genocidio)
Tribunal Corte Internacional de Justicia
Nombre completo Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel).
Transcripción

Transcripción del caso presentado por Sudáfrica respecto a las medidas cautelares

Transcripción del caso presentado por Israel respecto a las medidas cautelares
Jueces Joan Donoghue, Kirill Gevorgian, Peter Tomka, Ronny Abraham, Mohamed Bennouna, Abdulqawi Yusuf, Xue Hanqin, Dalveer Bhandari, Patrick Lipton Robinson, Nawaf Salam, Yuji Iwasawa, Georg Nolte, Leonardo Nemer Caldeira Brant, Julia Sebutinde, Hilary Charlesworth
Palabras clave
 Conflicto israelí-palestino, Ocupación militar y Genocidio
Investigación previa
Denuncia Israel ha cometido y está cometiendo actos genocidas y genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza en violación de la Convención de Genocidio

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha declarado en cables diplomáticos que un fallo contra Israel «podría tener importantes implicaciones potenciales que no sólo se encuentran en el mundo legal sino que tienen ramificaciones prácticas bilaterales, multilaterales, económicas y de seguridad».[5]

Las audiencias públicas se llevaron a cabo en el Palacio de la Paz de La Haya el jueves 11 y viernes 12 de enero de 2024.[6][7][8]​Israel fue representado por abogados como Malcolm Shaw y KC.[9][10]​El equipo legal sudafricano incluyó a John Dugard, Tembeka Ngcukaitobi y Vaughan Lowe.[11]​Israel nombró a Aharon Barak[10]​y Sudáfrica a Dikgang Moseneke como jueces ad hoc.[12]

El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia dictaminó de manera provisional que había plausibilidad de que se estuviese cometiendo un genocidio[13]​ y ordenó una serie de medidas cautelares mientras se produjese la investigación oficial, entre las que se encontraban la exigencia a Israel de que se asegurase de que sus tropas no cometiesen actos de carácter genocida, que se previniese y castigase la incitación al genocidio, que se evitase la destrucción de las posibles pruebas de genocidio, y que se permitiese «la entrega de la ayuda humanitaria esencial precisada con urgencia por los palestinos».[14][15]​ Sin embargo, la Corte no impuso como exigencia la solicitud de Sudáfrica de imponer un alto el fuego inmediato.[14][15]​ Todas las medidas fueron adoptadas por una mayoría de 15 jueces a favor y 2 en contra, salvo por las referentes a la mayor entrada de ayuda humanitaria y a la persecución y el castigo de la incitación al genocidio, que fueron aprobadas por 16 votos a favor (incluido el del juez israelí) y 1 en contra.[13][14][15]

Antecedentes editar

Después de que Israel comenzara a bombardear Gaza tras los ataques del 7 de octubre, algunos palestinos expresaron su preocupación de que la violencia de respuesta fuera utilizada para justificar el genocidio contra los palestinos por parte de Israel.[16]​ Después de los ataques de Hamás, Yoav Galant, Ministro de Defensa israelí, afirmó: «Estamos luchando contra animales humanos».[17]Avi Dichter, ministro israelí de Agricultura, llamó a la guerra a ser la «Nakba de Gaza» en el Canal 12;[18]​ Ariel Kallner, otro miembro de la Knesset del partido Likud, escribió de manera similar en las redes sociales que hay «un objetivo: ¡Nakba! Una Nakba que eclipsará la Nakba de [1948]. Nakba en Gaza y Nakba para cualquiera que se atreve a sumarse».[19]​ El historiador israelí del Holocausto Omer Bartov advirtió que las declaraciones hechas por altos funcionarios israelíes «podrían fácilmente interpretarse como una indicación de una intención genocida».[20]

Convención sobre genocidio editar

En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que definió el genocidio como cualquiera de cinco «actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, una comunidad nacional, étnica, racial o grupo religioso». Los actos fueron: matar a miembros del grupo, causarles graves daños físicos o mentales, imponer condiciones de vida destinadas a destruir el grupo, impedir nacimientos y trasladar por la fuerza a niños fuera del grupo. Las víctimas deben ser atacadas por su pertenencia real o percibida a un grupo, no al azar.[21][22]

Actas editar

 
Se celebrarán audiencias públicas en el Palacio de la Paz de La Haya

El procedimiento se inició el 29 de diciembre de 2023 ante la Corte Internacional de Justicia de conformidad con la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, de la que tanto Israel como Sudáfrica son signatarios,[23]​ y se inició de conformidad con el artículo IX de la convención.[4]

Balkees Jarrah, director asociado de justicia internacional de Human Rights Watch, señala que el caso de la CIJ no es un procesamiento de individuos y no involucra directamente a la Corte Penal Internacional, que es un organismo separado,[23]​ que lleva a cabo su propia investigación.[24]​ Jarrah afirmó que el caso presenta una oportunidad para «proporcionar respuestas claras y definitivas sobre la cuestión de si Israel está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino».[23]

Posición sudafricana editar

Sudáfrica acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza en violación de la Convención sobre Genocidio.[25][26]​ El equipo legal sudafricano incluye a John Dugard, Adila Hassim, Tembeka Ngcukaitobi, Max Du Plessis, Tshidiso Ramogale, Sarah Pudifin-Jones, Lerato Zikalala, Vaughan Lowe y Blinne Ní Ghrálaigh.[11]​ Varias figuras políticas internacionales se unirán a la delegación sudafricana, incluido Jeremy Corbyn.[27]

En la demanda de 84 páginas se alega que las acciones de Israel «son de carácter genocida porque tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino».[28][29]​ Sudáfrica solicitó que la CIJ emitiera una orden legal vinculante de manera provisional (es decir, antes de una audiencia sobre el fondo de la solicitud), exigiendo a Israel «suspender inmediatamente sus operaciones militares en y contra Gaza».[4][29]​ Si bien la resolución del fondo del caso puede llevar años, dicha orden podría emitirse en unas semanas.[23]​ Además, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, también comparó las acciones de Israel con el apartheid.[30]

La presentación afirma que «los actos y omisiones de Israel... son de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida... de destruir a los palestinos en Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio».[26]

Las acciones genocidas alegadas en la demanda incluyeron la matanza masiva de palestinos en Gaza, la destrucción de sus hogares, su expulsión y desplazamiento, así como el bloqueo de alimentos, agua y ayuda médica a la región. Sudáfrica dijo que Israel había impuesto medidas que impedían los nacimientos palestinos mediante la destrucción de servicios de salud esenciales y vitales para la supervivencia de las mujeres embarazadas y sus bebés. La demanda argumentaba que estas acciones estaban «destinadas a provocar la destrucción [de los palestinos] como grupo».[25]​ Sudáfrica afirma que las declaraciones hechas por funcionarios israelíes, como el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, son prueba de intenciones genocidas.[25]

La demanda sudafricana demanda nueve medidas provisionales de protección:[31]

Número Resumen Descripción completa
1 Suspensión de las operaciones militares El Estado de Israel debe suspender inmediatamente sus operaciones militares en y contra Gaza.
2 El Estado de Israel debe asegurar que cualquier ejército o unidad armada irregular que sea dirigido, apoyado o influenciado por él, así como organizaciones y personas que sean sujetas a su control, dirección o influencia, se abstengan de tomar medidas que añadan a las operaciones militares del punto anterior (1).
3 Prevención del Genocidio La República de Sudáfrica y el Estado de Israel cada uno, de acuerdo a sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio, en relación con la población Palestina, tome toda medida razonable en su poder para prevenir el genocidio.
4 Desistir de matar, herir, destruir vidas e impedir nacimientos. El Estado de Israel deba, de acuerdo a sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio, en relación con la población Palestina como un grupo protegido por la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio, desistir de la comisión de alguno y todos los actos delimitados en el Artículo II de la Convención, específicamente:

(a) asesinar miembros del grupo, (b) causar daños corporales o mentales serios a los miembros del grupo, (c) activamente buscar infligir en el grupo las condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física en totalidad o en parte, e (d) imponer las medidas necesarias para prevenir nacimientos entre el grupo.

5 Prevenir el desplazamiento, la privación y la destrucción de la vida. El Estado de Israel deba, según el punto anterior (4)(c), en relación con la población Palestina, desistir de y tomar todas las medidas en su poder incluyendo la rescisión de órdenes relevantes, de la restricción y/o de las prohibiciones para prevenir:

(a) la expulsión y el desplazamiento forzado de sus hogares; (b) la depravación de: (i) acceso a comida y agua; (ii) acceso a asistencia humanitaria, incluyendo acceso a niveles adecuados de combustible, refugio, ropa, higiene y sanidad; (iii) suministros médicos y asistencia; y (c) la destrucción de la vida palestina en Gaza.

6 Desistir de la incitación y castigar actos de incitación al genocidio. El Estado de Israel debe, en relación con la población Palestina, asegurarse que su ejército, así como cualquier unidad armada irregular o individuo que dirija, que sea apoyado o de otra forma influenciado por él y toda organización y persona que pueda estar sujeta a su control, dirección o influencia, no cometa ningún acto descrito en (4) y (5) anterior, o participe en la incitación directa y pública a cometer genocidio, conspiración para cometer genocidio, intento de cometer genocidio, o complicidad de cometer genocidio, y en la medida que se dediquen a ello, que los pasos necesarios sean tomados hacia el castigo, en seguimiento de los Artículos I, II, III y IV de la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio.
7 Prevenir la destrucción de y asegurar la preservación de evidencia. El Estado de Israel debe de tomar las acciones efectivas para prevenir la destrucción y asegurar la preservación de evidencia relacionada a las demandas de los actos dentro del alcance del artículo II de la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio; para ese fin, el Estado de Israel no debe de denegar o de otra forma restringir el acceso a las misiones de investigación, mandatos internacionales y otros cuerpos de Gaza que asistan a garantizar la preservación y retención de dicha evidencia.
8 Entregar informes a la corte de las medidas tomadas. El Estado de Israel debe de entregar un reporte a la Corte de todas las medidas tomadas para dotar de efectos a esta orden en una semana, según la fecha de la Orden y después de eso por los intervalos regulares que la Corte ordene, hasta que una decisión final del caso sea tomada por la Corte.
9 Abstenerse de agravar la situación. El Estado de Israel se abstenga de tomar cualquier acción y deba asegurar que ninguna acción sea tomada en la que se agrave o extienda la disputa ante la Corte o le haga más difícil de resolver.

Respuesta israelí editar

Israel rechazó las acusaciones «con disgusto»[23]​ y acusó a Sudáfrica de «cooperar con una organización terrorista que pide la destrucción del Estado de Israel»,[32]​ calificando las acciones de Sudáfrica como libelo de sangre,[33][34]​ y afirmando que estaban «instigando a los herederos modernos de los nazis».[35]​En respuesta, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó: «No es un libelo de sangre deplorar el hecho de que no se hayan hecho rendir cuentas a los soldados y colonos armados israelíes que han matado a cientos de palestinos en Cisjordania desde el 7 de octubre, ni la prolongación de una guerra cuya conducta ha planteado graves preocupaciones en materia de derecho internacional humanitario y de derechos humanos».[36]

El 2 de enero de 2024 Israel decidió comparecer ante la CIJ en respuesta al caso de Sudáfrica, a pesar de un historial previo de ignorar los tribunales internacionales.[29][37]​ Israel estará representado por el jurista británico Malcolm Shaw y otros tres abogados.[5][38]

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha declarado al exterior que el equipo legal sudafricano está actuando como «el brazo legal de Hamás».[39]​Sin embargo, al interior y en cables diplomáticos ha declarado que un fallo contra Israel «podría tener importantes implicaciones potenciales que no sólo se encuentran en el mundo legal sino que tienen ramificaciones prácticas bilaterales, multilaterales, económicas y de seguridad».[40]​ Se espera que la defensa de Israel requiera convencer al tribunal de que los comentarios públicos sobre la situación en Gaza realizados por varios miembros de la coalición gubernamental no constituyen una intención genocida.[41][42]

El equipo legal israelí, liderado por el jurista británico Malcolm Shaw, argumentó que Israel no tenía la «intención especial» necesaria para el crimen de genocidio. Argumentó que el caso sudafricano pintaba solamente una narrativa parcial y acertó que el Tribunal carecía de jurisdicción para intervenir en la guerra Israel-Gaza, asunto cuya respuesta está pendiente de ser determinada por la corte. Según Haaretz, lo que permitió que el equipo legal Sudafricano presentara su caso no fue la guerra en sí, sino los comentarios incendiarios realizados por varios miembros de la coalición gobernante Israelí.[43]​Shaw invitó a la corte a considerar las decisiones tomadas por el Gabinete Israelí en lugar de «declaraciones aleatorias de políticos que no son tomadores de decisiones».[44]

Audiencia ante la corte editar

Los representantes seleccionados para representar el caso de Israel en la audiencia ante la corte el doce de enero fueron: Tal Becker, el consultor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores Israelí, Malcolm Shaw, Jurista Británico y profesor de Derecho Internacional, Christopher Staker, abogado británico, Omri Sender, abogado israelí, así como Galit Raguan y Gilad Noam, vicefiscales generales para derecho internacional en el Ministerio de Justicia Israelí, además de varios consultores jurídicos y juristas de apoyo.[45][46]

La representación Israelí respondió a la demanda sudafricana en la corte al asegurar que los cargos carecían de sustento legal y factual:

En los hechos, la representación israelí argumentó que en el contexto del conflicto, específicamente por las atrocidades cometidas por Hamás en Octubre 7,[47]​si hubo actos atroces que se puedan clasificar como genocidas fueron cometidos en contra de Israel; no por Israel.[13]​Enfatizaron que Israel está comprometido con cumplir la legislación internacional, incluso si Hamás muestra desprecio por esa ley al usar a civiles palestinos como escudos humanos.[48]​ Resaltaron los esfuerzos de Israel de mitigar el daño en civiles y de considerar la situación humanitaria en Gaza al emitir alertas para que evacuen de las áreas donde planeaban ataques, permitiendo la entrada de ayuda, así como con el establecimiento de hospitales de campo.[13]

En términos jurídicos, el equipo Israelí reclamó que la corte no tiene jurisdicción al no existir disputa entre los estados sudafricano e israelí. Shaw citó las fechas exactas de las respuestas israelíes a las notas diplomáticas que recibió, incluso las propuestas de reuniones entre oficiales sudafricanos e israelíes para hablar de Gaza.[49]​Posteriormente, el equipo legal israelí argumentó que Sudáfrica falló en mostrar la intencionalidad de Genocidio, que es el elemento fundamental del crimen de Genocidio, sobre los actos del sujeto en su queja. Por tanto, argumentó que la demanda sudafricana no versaba sobre hechos considerados en la Convención de Genocidio y, en consecuencia, no podía ser considerada como en la jurisdicción de la Corte. Shaw contendió que el caso sudafricano proveía solamente de una narrativa parcial y urgió a la corte que se considerasen las decisiones del gabinete israelí en lugar de concentrarse en «declaraciones aleatorias de políticos que no son tomadores de decisiones».[50][51]

Finalmente, el equipo israelí aseguró que, de concederse las medidas provisionales solicitadas por la delegación sudafricana la corte deprivaría a Israel de su obligación de proveer defensa a sus ciudadanos, a los rehenes, así como que incentivaría más ataques.[52]

Sentencia sobre medidas provisionales editar

El 26 de enero de 2024 la corte emitió una serie de medidas provisionales en contra de Israel. Aceptó la posibilidad de los reclamos de Sudáfrica y la jurisdicción prima facie para adjudicarse la disputa.[53][14]​La corte ordenó a Israel que tomase las medidas necesarias para prevenir actos de Genocidio en la Franja de Gaza.[54]​ Además, le ordenó al Estado de Israel que reportase de vuelta a la corte con las acciones tomadas para cumplir los siguientes objetivos un mes después de la emisión del dictamen: prevenir y castigar la incitación al genocidio, el permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, así como, generalmente, tomar más medidas para proteger a la población de Palestina.[55]​ Población que, además, la corte reconoció como un grupo protegido bajo la Convención del Genocidio.[56]

La corte ordenó a Israel:[15]

  1. Abstenerse de actos bajo la convención de Genocidio.
  2. Prevenir y castigar la incitación al Genocidio.
    • 16 votos a 1, con Julia Sebutinde disintiendo.
  3. Tomar medidas efectivas para permitir la entrada de ayuda humanitaria.
    • 15 votos a 2, con Julia Sebutinde y Aharon Barak, juez ad hoc, disintiendo.
  4. Tomar medidas efectivas para prevenir la destrucción de evidencia.
    • 15 votos a 2, con Julia Sebutinde y Aharon Barak, juez ad hoc, disintiendo.
  5. Emitir un reporte a la Corte indicando el cumplimiento de todas las medidas dentro de un mes
    • 15 votos a 2, con Julia Sebutinde y Aharon Barak, juez ad hoc, disintiendo.

En la declaración de medidas provisionales, la corte concluyó que la evidencia proveída por Sudáfrica era "suficiente para concluir que al menos algunos de los derechos reclamados por Sudáfrica y que busca proteger son plausibles". Asimismo, resaltó que las medidas provisionales no son una sentencia que verse sobre si Israel había roto sus obligaciones bajo la Convención.[14][15]

En respuesta a la sentencia, el primer ministro Israelí Benjamín Netanyahu declaró que Israel continuaría defendiéndose mientras sostenía el derecho Internacional.[57]​ Asimismo, ante las acusaciones de genocidio, declaró que "es indignante, y la voluntad del tribunal de discutirlo es una marca de vergüenza que no se borrará durante generaciones".[58]​ El ministro de seguridad nacional Israelí, Ben-Gvir, describió a la corte como «antisemita» y llamó a ignorar las medidas precautorias.[59]​ Por su parte, Riyad al-Maliki, Ministro de Relaciones Exteriores Palestino declaró que la corte «determinó en favor de la humanidad y del derecho internacional».[60]

Análisis editar

Lawfare, un blog afiliado a la Institutión Brookings, comparó la solicitud de Sudáfrica con los procedimientos iniciados por Gambia contra Myanmar en relación con el genocidio rohingya.[61]​ En Just Security, un foro en línea con sede en el Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, Alaa Hachem y la profesora Oona A. Hathaway señalan la invocación por parte de Sudáfrica de erga omnes partes, una doctrina de posición jurídica que «permite a un Estado parte en un tratado que protege derechos legales comunes para hacer valer esos derechos incluso si el Estado no se ve directamente afectado por la violación».[62]​ Hachem y Hathaway afirman que el caso de genocidio rohingya (específicamente, la aceptación de jurisdicción por parte de la CIJ), «revolucionó» la doctrina de erga omnes. Concluyen que es «muy probable» que la Corte determine que Sudáfrica está legitimada para iniciar el procedimiento. También afirman que establecer la intención genocida es «extraordinariamente difícil».[62]

El profesor Luciano Pezzano, escribiendo en el Blog de la Revista Europea de Derecho Internacional, sostiene que invocar el Artículo IX de la Convención sobre Genocidio es un medio por el cual los estados no involucrados pueden cumplir con su obligación de prevenir el genocidio.[63]

Otras respuestas internacionales editar

Estados y organizaciones internacionales editar

En apoyo editar

En su demanda Sudáfrica ha sido apoyado por los siguientes estados y organizaciones internacionales:

El 9 de enero la Viceprimera Ministra de Bélgica, Petra De Sutter, declaró que buscaba que su gobierno se posicionara en apoyo de la demanda. Declaró: «Bélgica no puede permanecer inerte y observar el inmenso sufrimiento de Gaza. Debemos de actuar en contra de la amenaza de Genocidio».[92]​ El 10 de enero el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su apoyo a la demanda por medio del Ministro de Relaciones Exteriores. Declaró: «El presidente expresó su apoyo a la iniciativa de Sudáfrica para buscar que la Corte Internacional de justicia ordene que Israel detenga todo acto y medida que constituya Genocidio».[93]​ El 10 de enero el Gobierno de Irlanda a través de su ministro de Transportes y líder de Los Verdes, Eamon Ryan, destacó que la demanda de Sudáfrica tiene argumentos «irrefutables» y recordó que la Organización Mundial de Salud (OMS) ya alertó acerca de los «niveles catastróficos de inseguridad alimentaria» que han traído consigo los ataques sobre Gaza, «aumentando cada día» el riesgo de hambruna.[94]

El 13 de enero Hage Geingob, presidente de Namibia, expidió una declaración criticando la «decisión indignante» de apoyar a Israel en el caso de Genocidio. Reclamó que el gobierno Alemán falló en aprender la lección de haber perpetrado el Genocidio Herero y Namaqua: «Alemania no puede moralmente expresar un compromiso con la Convención de Naciones Unidas en contra del Genocidio, incluyendo expiación por el genocidio en Namibia, al mismo tiempo que apoya el equivalente a un holocausto y genocidio en Gaza».[95]

Desde el 5 de enero dos países han declarado sus intenciones de intervenir en la Corte en favor de la demanda sudafricana: Jordania y Bangladés. Jordania fue uno de los primeros países en explicitar su apoyo a la solicitud de Sudáfrica; desde ese momento declaró que, apenas sea posible, buscará intervenir en la corte con el objetivo de presentar evidencia en favor del argumento de Genocidio.[96][97]​Asimismo, el gobierno bangladesí declaró que: «Las medidas provisionales solicitadas eran pasos necesarios y concretos requeridos para acabar con la catástrofe humanitaria que se está desarrollando en Gaza». En esa misma declaración, alertó que apenas sea posible intervendrá ante la Corte en favor de la demanda sudafricana.[98]

Varios expertos de las Naciones Unidas, entre ellos la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, recibieron con satisfacción el comienzo de las audiencias. «Elogiamos a Sudáfrica por llevar este caso ante la CIJ en un momento en que los derechos de los palestinos de Gaza están siendo violados con impunidad» aseguraron en un comunicado.[99]

En oposición editar

El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para Comunicaciones Estratégicas, John Kirby, dijo que Estados Unidos consideró que la «presentación carecía de fundamento, era contraproducente y carecía completamente de fundamento real».[110]​ El 4 de enero de 2024 el gobierno de Estados Unidos, cuya relación con Sudáfrica está cada vez más desgastada,[111]​ reconoció que no había realizado ninguna evaluación formal sobre si Israel estaba violando el derecho internacional humanitario.[112]​ No obstante, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, calificó de «infundada» la acusación de genocidio contra Israel.[113]

El 12 de enero el Gobierno Alemán anunció su oposición al reclamo de Sudáfrica. Igualmente, anunció su intención de intervenir ante la corte en favor de Israel.[114]​ El vicecanciller alemán, Robert Habeck declaró: «Puedes criticar al ejército Israelí por su actuar severo en la Franja de Gaza, pero eso no es genocidio.»[115]​ El apoyo alemán a Israel provocó una oleada de críticas fuertes en respuesta, especialmente del gobierno de Namibia. Su presidente, Hage Geingob, declaró que Alemania no había aprendido su lección después de cometer el Genocidio Herero y Namaqua.[116]

Neutralidad editar

El 13 de enero, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró que no aceptaba la premisa de la demanda sudafricana.[126]​Sin embargo, después de varios días de confusión, el gobierno canadiense expresó que aceptaría la sentencia del tribunal sea cual sea esta.[127]​ De manera similar, el ministro de relaciones exteriores francés, Stephane Sejourne declaró en el parlamento que acusar a Israel de Genocidio sería "rebasar un límite moral".[128]​Un par de días después, en una conferencia de prensa, el portavoz del gobierno francés declaró que la postura oficial de gobierno era de respeto a la Corte y en favor de la solución pacífica del conflicto.[129]

Las cancillerías y los gobiernos de España, Finlandia, Irlanda y Noruega reaccionaron de forma similar; positivamente a la demanda sudafricana, aún si no tenían la intención de posicionarse. Sin embargo, los cuatro gobiernos hicieron declaraciones de neutralidad y de apoyo a la corte; no intervendrían en el juicio ante el tribunal.[120][121][123][125]​ Las cancillerías de Finlandia e Irlanda, no obstante, dejaron abierta la posibilidad de intervenir conforme se desarrollara la disputa.[123][125]

Movimientos, partidos y sindicatos editar

La demanda también ha sido apoyada por más de mil grupos activistas, partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones, en forma de una carta organizada por la Coalición Internacional para Detener el Genocidio en Palestina, tales como:[130][131][132][133]

Individuos y otros grupos editar

Ofer Cassif, un político israelí del partido de izquierda Jadash, firmó la petición de Sudáfrica y acusó a Israel de genocidio.[135]​ En respuesta, los legisladores iniciaron procedimientos para expulsarlo de la Knéset.[136]​ El 9 de enero, más de seiscientos israelíes enviaron una carta a la CIJ expresando su apoyo al caso sudafricano, afirmando que el gobierno israelí está tomando «medidas sistemáticas para aniquilar a la población de Gaza, matarla de hambre, abusar de ella y para desplazarlos».[137]​ El 10 de enero, Volker Türk, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró: «No es libelo de sangre deplorar el hecho de que no se haga responsable a los soldados Israelíes y a los colonos armados que han asesinado a cientos de Palestinos en Cisjordania desde el 7 de octubre, o que la prolongación de una guerra cuyo conducto ha provocado graves preocupaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario».[138]​El 12 de enero Raz Segal, historiador Israelí especializado en Genocidio declaró que el caso era notable debido a la «montaña de evidencia de la intención genocida que ha sido expresada por los tomadores de decisiones».[139]

Véase también editar

Bibliografía editar

Referencias editar

  1. Maupas, Stéphanie (1 de enero de 2024). «Israel-Hamas war: South Africa brings 'genocide' case before international courts». Le Monde.fr. Consultado el 6 de enero de 2024. «'Long years of apartheid'... The South African lawyers have relied on UN reports, reports by Palestinian journalists and research by NGOs, because Israel prevents the international press from entering the Gaza Strip, as well as investigators from the International Criminal Court and the UN Human Rights Commission. They added that this genocide is committed "against a background of apartheid, expulsion, ethnic cleansing, annexation, occupation, discrimination and ongoing denial of the right of the Palestinian people to self-determination." ». 
  2. Powell, Anita (5 de enero de 2024). «South Africa to Take Israel to Top UN Court on Genocide Claim in Gaza». Voice of America. Consultado el 6 de enero de 2024. «In the court application, South Africa argues that the treatment of Palestinians also bears strong resemblance to South Africa's own racially motivated apartheid regime, which ended in 1994 with Mandela's election. "It is important," the submission reads, "to place the acts of genocide in the broader context of Israel's conduct towards Palestinians during its 75-year-long apartheid, its 56-year-long belligerent occupation of Palestinian territory and its 16-year-long blockade of Gaza, including the serious and ongoing violations of international law associated therewith, including grave breaches of the Fourth Geneva Convention, and other war crimes and crimes against humanity." ». 
  3. The request for provisional measures is made under Article 74 of the Rules of the Court, which states that "A request for the indication of provisional measures shall have priority over all other cases."
  4. a b c «Proceedings instituted by South Africa against the State of Israel on 29 December 2023». Corte Internacional de Justicia. 5 de enero de 2024. 
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